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Nuevamente el torneo Federal B fue noticia por gravísimos hechos de violencia en los cuales una terna arbitral terminó hospitalizadas tras recibir una golpiza en el estadio de Juventud de Pergamino, donde el local se enfrentaba con Independiente de Chivilcoy. Ante antecedentes similares se impusieron sanciones ejemplificadoras, pero estas lejos estuvieron de prevenir un nuevo capítulo negro en el fútbol del interior y dejan un gran interrogante respecto a la seguridad de quienes tienen a cargo impartir justicia en los campos de juego.

Por Matías Calviño (Interior Futbolero).

El 4 de diciembre de 2016, cuando restaban 25 minutos para finalizar la serie en la que Sansinena de General Cerri vencía en su visita a Sarmiento en Ayacucho por las semifinales del Federal B, el árbitro del encuentro Claudio Elichiri y sus asistentes fueron salvajemente agredidos por jugadores e hinchas locales tras haber decidido la suspensión del encuentro debido la cantidad de expulsados en el cuadro dueño de casa. Las imágenes recorrieron el mundo entero y el Consejo Federal decidió imponer sanciones ejemplares a Ayacucho (entre ellas, la pérdida de categoría) para evitar una nueva debacle de este tipo, sin embargo, estos hechos volvieron a repetirse en reiteradas ocasiones.

Las fotos del rostro maltrecho de Elichiri y la repercusión internacional del caso hicieron suponer que se había llegado a un piso, muy profundo, en hechos de violencia dentro de los estadios del fútbol del interior. Así lo admitieron en posteriores declaraciones dirigentes del Consejo Federal y otros actores del ámbito futbolero de tierra adentro, como jugadores, entrenadores y árbitros. Era un hecho vergonzoso que no se podía volver a repetir y para ello se decidió que Sarmiento de Ayacucho perdiera su plaza en los torneos federales además de tener que afrontar una dura sanción económica.

A este piso profundo se venía descendiendo ya desde meses anteriores a la brutal golpiza sucedida en Ayacucho: en septiembre de 2016, en el marco del partido entre Tiro Federal de Morteros y Atenas de Río Cuarto, ocho jugadores del elenco visitante fueron informados por el árbitro Marcos Romera luego de ser agredido por estos al cobrar un penal para los locales. Un mes más tarde, aunque fuera del ámbito de las competiciones federales, un referí fue atacado en un encuentro de la Liga de Clorinda entre Hertelendy y 1° de Mayo por jugadores locales.

Las semanas siguientes a la barbarie de Ayacucho se produjo una fuerte presión hacia el Tribunal de Disciplina del Consejo de Federal para que las sanciones marcaran un antes y un después en el fútbol del interior respecto a la violencia a la cual eran sometidas las ternas arbitrales en los estadios chacareros. Las penas fueron ejemplares, si, pero lejos estuvieron de atenuar las agresiones a quienes se encargan de impartir justicia en los partidos de los torneos federales.

Nueve meses más tarde el jugador Jorge Liendo arremetió hacia la humanidad del juez Bruno Amiconi que se encontraba a cargo del arbitraje del cotejo en el que Argentinos de 25 de Mayo visitaba a Norberto de la Riestra, equipo este último al cual pertenecía el agresor. El Tribunal de Penas no titubeó y sancionó con 25 partidos a Liendo, además de darle por perdido el partido a su equipo, que de todas maneras se encontraba abajo en el marcador durante el mismo. El jugador, arrepentido, luego declaró que la sanción le parecía justa y admitió que él esperaba recibir 30 partidos, el máximo aplicable.

Finalmente, la violencia ejercida hacia los árbitros volvió a tocar un nuevo piso, tal vez igual o más bajo que durante los hechos de Ayacucho, en el partido de vuelta por los cuartos de final del Federal B que disputaban el miércoles 29 de noviembre de 2017 en Pergamino Juventud e Independiente de Chivilcoy. Corrían 45 minutos del segundo tiempo cuando una invasión de campo por parte del público local, ante una pasiva contención policial, derivó en una gravísima golpiza hacia la terna arbitral compuesta por Bruno Amiconi, el mismo referí agredido en la cancha de Norberto de la Riestra, Marcelo Acosta y Mauricio Luna. Los tres terminaron hospitalizados, uno de ellos con diez puntos de sutura en la cabeza.

La categoría nuevamente volvió a ser noticia en todo el mundo por hechos de extrema violencia hacia los árbitros. Las imágenes fueron más que elocuentes: un vestuario ensangrentado y la terna retirada del campo de juego en ambulancias. El Sindicato Argentino de Arbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) pidió, a través de su presidente Guillermo Marconi, la desafiliación de Juventud, a la vez que el ex juez de Primera División Gutsavo Bassi, encargado de las designaciones arbitrales para los torneos federales, repudió terminantemente los hechos y expresó en Interior Futbolero Radio que Amiconi es uno de los referís con mayor proyección en los torneos del interior.

“El dolor es más emocional que físico”, declaró el mismo Amiconi para los micrófonos de Interior Futbolero Radio, y continuó: “Por primera vez en mi carrera arbitral, y ya hace 15 años que dirijo, tuve miedo de no volver a mi casa; nunca en mi vida pensé que iba a tener un compañero en el vestuario convulsionando o vomitando sangre por un partido de fútbol”. Ante tamaño episodio, el club Juventud de Pergamino sólo emitió un comunicado de prensa en el cual repudiaba lo ocurrido y se desligaba completamente de los agresores.

Con el antecedente del ataque a Claudio Elichiri en el estadio de Sarmiento de Ayacucho, se espera que se inicie un procedimiento similar por parte del Tribunal de Penas del Consejo Federal respecto a lo ocurrido en Pergamino. Sin embargo, está claro que estas sanciones poco ayudaron a evitar un nuevo episodio de proporciones semejantes, por lo que la pregunta que queda en el ambiente del fútbol federal es cómo actuar para poder solucionar un problema que, de seguir así, pueda cobrarse de manera absurda la vida de un árbitro en un estadio del interior.